El documento señala un supuesto cobro irregular de G. 200 millones.
El monto impuesto arbitrariamente para cada trámite fue de G. 100.000. El documento aclaró que esta suma solo debía ser abonada para las patentes comerciales, no así para los impuestos inmobiliarios.
La actual administración, precisó que la recaudación de ese entonces fue de G. 1.081 millones en concepto de prescripción y G. 1.060 millones por pedidos de exoneración.
Además, se sindica como otro de los responsables al senador Javier Zacarías Irún, esposo de McLeod, quien fue apuntado por ser el “intendente de facto” en su condición de asesor ad honórem.
La denuncia alcanzó al exjefe de Recaudación, Walter Feltes Melgarejo, por supuestamente proceder a los cobros a pesar de la ilegalidad.
Leer la nota completa en NPY
