El juez Penal de Garantías de Delitos Económicos, Humberto Otazú, aceptó la acusación contra la intendenta Patricia Corvalán (ANR-HC) y otras 13 personas por lesión de confianza y enriquecimiento ilícito en el marco de la investigación por la supuesta “tragada” de G. 1.100 millones, entre 2011 y 2017, de los fondos de la Municipalidad de Quyquyhó. Sin embargo, en esta causa el diputado Esteban Samaniego (ANR-HC) sigue eludiendo a la Justicia debido al corporativismo de sus colegas de la Cámara Baja que “ningunea” los cinco pedidos de desafuero.
Intendenta ya tiene fecha de audiencia preliminar, pero diputado sigue eludiendo a la Justicia
El fiscal Silvio Corbeta, de la Unidad Especializada de Delitos Económicos, el pasado 11 de diciembre formuló acusación y solicitó juicio oral para 14 personas implicadas con una presunta “tragada” de G. 1.100 millones, entre 2011 y 2017, de los fondos de la Municipalidad de Quyquyhó.
Se trata de la causa N° 161/2018 “ y otros sobre enriquecimiento ilícito” ocurrido durante el 2011 y 2017 cuando el actual diputado cartista se desempeñaba como intendente del distrito de Quyquyhó, departamento de Paraguarí, pero sugestivamente el parlamentario oficialista sigue eludiendo a la justicia debido al corporativismo de la mayoría de sus colegas cartistas y aliados.
Según la acusación fiscal, el diputado Esteban Samaniego, junto a su esposa y otras 13 personas armaron una red para desviar los fondos de la municipalidad y de esa manera destinar dichos recursos en la construcción de una vivienda en Asunción para la pareja cartista.
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