El hecho suscitado tras un episodio como menos bochornoso en la Junta Municipal de Cambyretá durante esta semana, es consecuencia de una dinámica de la política actual que busca institucionalizar el atropello, con el fin de garantizar los intereses de su sector. Lo preocupante es que esta tendencia está marcada por una banalización total de las mismas, sin un sentido mínimo de pudor y con bases tan endebles que generan una gran desconfianza en la ciudadanía.
El intento de “atropellar” la institucionalidad con fines particulares no es una práctica nueva en la política, presente en diversos niveles de gestión pública. No obstante, el asentamiento en el poder de los actores políticos actuales marcó la instauración de una sensación de impunidad, que en consecuencia restó la necesidad de “cuidado”, que tenía otra generación de funcionarios públicos.
Un ejemplo claro fue lo ocurrido en Cambyretá esta semana. Orquestaron una maniobra caprichosa, con el único fin de validar la ejecución del intendente colorado cartista Jaime Hinterleitner, quien se subió a la carrera para buscar el rekutu en los siguientes comicios. Serviles a estos intereses, seis concejales cartistas y liberocartistas sesionaron sin quórum legal e hicieron jurar a tres suplentes para completar la junta a su antojo. Realizaron la sesión “mau”, dentro de un local que no era la Junta Municipal, encerrados con cadenas y candado, además de custodia policial. Los argumentos...
Lo grave de la situación es que continúa impune este tipo de acciones ilegales desde el marco jurídico y que afectan a la voluntad popular de un pueblo que tiene grandes carencias. En contrapartida, los ciudadanos perciben estos atropellos con una mirada más crítica. No es tan sencillo engañar con argumentos incoherentes a una población con mayor acceso a información. Son las generaciones más jóvenes quienes ponen en evidencia esto, principalmente en redes sociales. Pero, ¿cuánto de esta reacción en el mundo virtual se traduce en poder de cambio o acción?
Según datos de la justicia electoral sobre las elecciones del 2023, en el rango de personas de 18 a 24 años, no votó el 45% y entre electores de 25 a 29 años, no acudió el 41%, siendo los que menos participación tuvieron para ejercer el voto. En contrapartida, las juventudes son el segundo segmento etario más importante, representando el 30% del padrón. El recambio generacional traerá consigo un alejamiento del “voto duro”, que privilegia la estructura política, pero de mantenerse la tendencia, puede constituir una reducción en la participación en los comicios.
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