En el local de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), se llevó a cabo la firma de un Convenio Marco de Cooperación entre la Procuraduría General de la República (PGR), la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), la Contraloría General de la República (CGR), y la Auditoria General del Poder Ejecutivo (AGPE). Este Convenio tiene por objeto la conformación de una Red Nacional de Supervisión de Contratos Públicos, como mecanismo para promover y fortalecer la cooperación técnica horizontal entre las partes, estableciendo para el efecto canales de comunicación concretos, líneas de acción destinadas a la transmisión eficaz de conocimientos e información clave, así como la identificación y adopción de mejores prácticas para el control y verificación de la ejecución de los contratos públicos.
En el local de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), se llevó a cabo la firma de un Convenio Marco de Cooperación entre la Procuraduría General de la República (PGR), la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), la Contraloría General de la República (CGR), y la Auditoria General del Poder Ejecutivo (AGPE).
Este Convenio tiene por objeto la conformación de una Red Nacional de Supervisión de Contratos Públicos, como mecanismo para promover y fortalecer la cooperación técnica horizontal entre las partes, estableciendo para el efecto canales de comunicación concretos, líneas de acción destinadas a la transmisión eficaz de conocimientos e información clave, así como la identificación y adopción de mejores prácticas para el control y verificación de la ejecución de los contratos públicos.
Por tanto, las partes han acordado suscribir el presente Convenio Marco de Cooperación, a los efectos de crear una Red Nacional de Supervisión de Contratos Públicos, el cual propicie la colaboración en el ámbito de la lucha contra la corrupción, y otros hechos irregulares dentro de las respectivas competencias de cada institución, así como la promoción de la trasparencia e integridad.
La PGR conforme a las atribuciones que le fueran conferidas en la Constitución Nacional tiene el deber de representar y defender, judicial y extrajudicialmente, los intereses patrimoniales de la República conforme a las leyes vigentes.
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