El Auto Interlocutorio, firmado por la magistrada Dos Santos, ordena remitir los antecedentes del proceso a la Fiscalía, a fin de iniciar las diligencias ante la eventual comisión de un hecho de Desacato a una Orden Judicial. Lo que dice la Ley La Ley Nº 4711, que castiga el desacato de una orden judicial, en su artículo 1º determina que “El que incumpliere una orden escrita dictada en legal forma por una autoridad judicial competente, será castigado con pena privativa de libertad de seis meses a dos años o multa.
El Auto Interlocutorio, firmado por la magistrada Dos Santos, ordena remitir los antecedentes del proceso a la Fiscalía, a fin de iniciar las diligencias ante la eventual comisión de un hecho de Desacato a una Orden Judicial. La resolución del Juzgado es en el marco de una acción de amparo promovida por la señora Digna Ortiz contra la Municipalidad de Concepción.
Digna Ortiz, amparada en la Ley 5282/14 De Libre Acceso Ciudadano a la Información Pública y Transparencia Gubernamental, había solicitado a la Municipalidad una serie de copias de documentos y a raíz de la negativa por parte de la Comuna, promovió el amparo que le resultó favorable. Sin embargo, la orden de entrega de la Jueza tampoco fue satisfecha por el intendente Urbieta, por lo que se abre el proceso por desacato, que se suma a otros ya abiertos en contra del cuestionado jefe comunal.
La señora Digna Ortiz había solicitado copias de comprobantes de los aportes realizados por la Comuna a la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal, desde el año 2013 hasta mayo de 2019, comprobantes de los aportes del 15 % del impuesto inmobiliario a la Gobernación y comprobantes de aportes del 15 % del impuesto inmobiliario al Ministerio de Hacienda desde el 2011 hasta el 2019. Igualmente, las rendiciones de cuenta de la construcción del empedrado sobre la Avda. Boquerón y la rendición de cuentas de la instalación de cruces semafóricos.
La Ley Nº 4711, que castiga el desacato de una orden judicial, en su artículo 1º determina que “El que incumpliere una orden escrita dictada en legal forma por una autoridad judicial competente, será castigado con pena privativa de libertad de seis meses a dos años o multa. Si el autor cometiere el hecho, mediando apercibimiento escrito y previo de la autoridad judicial correspondiente o fuere un funcionario público, en los términos del Artículo 14, numeral 14 del Código Penal, la pena podrá ser elevada hasta cinco años. En los casos del párrafo anterior o cuando el mismo facilitare o...
Leer la nota completa en Radio Regional
