El Incoop indaga sobre un supuesto caso de cooperativa fantasma que afecta a internos del penal de Tacumbú. La misma fue creada en el 2011, pero en una fiscalización se detectó que no estaba funcionando. El año pasado se ordenó sumario para su liquidación.
La cooperativa Padre Juan Antonio de la Vega, que fue creada en el 2011 para fomentar la reinserción social de los presos de la Penitenciaría Nacional de Tacumbú, nunca presentó informes ni balances al Instituto Nacional de Cooperativismo (Incoop), por lo que se procedió a realizar una verificación in situ en el 2017, según detalló ayer a nuestro diario el titular del ente regulador, Hernán Jiménez. Grande fue la sorpresa que al llegar al sitio que figuraba en los registros oficiales los intervinientes no ubicaron la cooperativa, ni rastros de alguna nueva ubicación de su oficina.
Tras dicha irregularidad detectada por los fiscalizadores, el Incoop ordenó un sumario a los dirigentes para proceder a la liquidación de la entidad, clasificada en el rango C, de pequeño porte.
El Incoop ordenó sumario para los dirigentes de la citada entidad ahora en la mira por supuestas irregularidades administrativas que incluye a los miembros del Consejo de Administración: Blas A. Imas (presidente), Abog. Agustín González (vicepresidente), Lic. Alfredo Cañete (secretario), Abog., Víctor Azuaga (tesorero), Néstor Amarilla (vocal). Además de los miembros de la Junta de Vigilancia: Lic. Pedro Flor (presidente), Antia López (secretaria) y Leónidas Solabarrieta (vocal).
Esta cooperativa dejó sin sus ahorros a por lo menos 17 presos de la Penitenciaría Nacional de Tacumbú y a cuatro exinternos, quienes depositaban allí sus ingresos por los programas remunerados de reinserción social.
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