La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, presidida por el magistrado Miguel Oscar Bajac Albertini e integrado por la jueza Miryam Peña Candia y el camarista del fuero penal Cristóbal…
Refieren los antecedentes que, el Ministerio Público primeramente imputó a Filizzola por supuestamente desembolsar dinero público, con el que se pagaron obras no realizadas (conducta activa). Pero que, luego la imputación es ampliada por tener el encausado una conducta supuestamente omisiva, teniendo en cuenta que éste no ejecutó la póliza de seguro en el caso de incumplimiento de contrato por la firma Todo Verde, la cual fue adjudicada.
Según consta en el escrito de inconstitucionalidad, el accionante manifestó, “el agravio concreto y real para mi persona consiste en que la Fiscalía ha sentado las bases para imposibilitar mi defensa y además el Juzgado Penal de Garantía, ha resuelto admitir la nueva hipótesis, a pesar de ser contradictorios alegando no contar con la potestad de realizar más de un análisis formal de cumplimiento de requisitos establecidos en un artículo 302 del Código Procesal Penal”.
Mientras en la resolución que rechaza dicha acción de inconstitucionalidad establece que, “el accionante extracta solo una parte de la resolución y consigna como agravio un juicio de valor, sin explicar las circunstancias fácticas, por las cuales asegure que la segunda imputación contiene hechos contradictorios a los atribuidos en la primera imputación”.
Además, en el documento consta que, “la defensa no estableció los hechos eran contradictorios, ni siquiera describió, simplemente se limitó a decir que eran contradictorios, porque no se puede causar y no evitar al mismo tiempo, lo que es lógico respecto a una misma porción de hechos. Sin embargo, habiendo más porciones de hechos, como bien se clarifica en la resolución impugnada, el argumento de la defensa es insostenible”, dice el fallo.
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