La administración actual de la Industria Nacional del Cemento (INC), presidida por Jorge Méndez, nombró como director de fábrica interino en Vallemí a un técnico que fue investigado en un caso de faltas graves contra la ley de la Función Pública. El funcionario formaba parte del equipo del cuestionado Optaciano Gómez Verlangieri.
Por resolución de la presidencia de INC, fue nombrado en el ya referido cargo el técnico Darío Acosta, exjefe de mantenimiento de la fábrica de Vallemí (Concepción). Acosta reemplaza al Ing. Wilson Dioverti, quien salió de vacaciones y cuya jubilación está prevista para el próximo año, según los datos oficiales del ente estatal.
ABC recibió la información del cambio a través de fuentes de Vallemí, que lamentaron el hecho de que se premie a una persona de cuestionados antecedentes, pues estuvo relacionado al caso de utilización irregular de fondos durante la gestión de Optaciano Gómez Verlangieri, calificado por el sector de la construcción como “el peor presidente de la historia de INC” (período 17-11-08 al 14-04-11).
En aquella investigación, se sumarió a más de 10 funcionarios y se llevó el caso a la Función Pública, debido a que la cementera compraba repuestos para fábrica de una firma de maletín y de otro comercio que resultó ser una librería, y además, no se encontraron los comprobantes de que las mercaderías hayan ingresado efectivamente a la planta. Pero pese a la gravedad del caso, solamente fue sancionado el entonces director de Fábrica, Dionisio Recalde, y Selva Vázquez de Valleu, que se desempeñaba como tesorera.
El sumario se inició debido a que la administración que sucedió a Gómez Verlangieri, presidida por Édgar Acosta (período 14-04-11 al 28-06-12), había verificado la violación de los artículos 57, inciso “o”, y 58 incisos “e” y “h” de la Ley 1626 de la Función Pública, que hacen referencia a cómo deben utilizarse los fondos públicos. También se comprobó la transgresión al artículo 64, inciso “e”, que habla de las faltas graves de funcionarios públicos. Asimismo, en ese caso investigado se habló de faltas contra el artículo 82 de la Ley 1.589 de la Administración del Estado.
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