El derrumbe de un edificio en construcción el pasado 02 de abril causó la muerte de Hermelinda Báez de Brítez y su nieta Monserrat Elizabeth Brítez Alfonzo y destapó una cadena de presuntas omisiones, negligencias técnicas y permisividad institucional que derivaron en la imputación de siete personas, incluyendo al propio intendente de Encarnación, Luis Yd […]
El derrumbe de un edificio en construcción el pasado 02 de abril causó la muerte de Hermelinda Báez de Brítez y su nieta Monserrat Elizabeth Brítez Alfonzo y destapó una cadena de presuntas omisiones, negligencias técnicas y permisividad institucional que derivaron en la imputación de siete personas, incluyendo al propio intendente de Encarnación, Luis Yd Sánchez.
El Ministerio Público, mediante el Acta de Imputación N.º 53/2025, presentó cargos contra el intendente Yd Sánchez; el director de Infraestructura Pública y Servicios, René Orlando Miglio; los arquitectos Roberto Ramírez Faría y Mario Bruno Urbina; la propietaria Ramona Teresa Bogado; el encargado de obra Roberto Montiel Cabral y otros involucrados, por hechos punibles como intervenciones peligrosas en la construcción, exposición de personas a lugares de trabajo peligrosos y homicidio culposo.
La investigación reveló que el edificio, inicialmente aprobado para cinco pisos, fue ampliado hasta llegar a nueve niveles, mediante permisos de edificación otorgados sin cumplir con los requisitos técnicos y normativos establecidos por la Ordenanza Municipal Nº 56/75. Los planos presentados no contaban con firmas de ingenieros responsables, faltaban estudios de suelo, certificados de servicios públicos y memorias justificadas, entre otros documentos esenciales para garantizar la seguridad estructural.
Pese a estas falencias, los permisos fueron firmados por el intendente Luis Yd Sánchez y el director René Miglio, quienes omitieron fiscalizar las obras en curso, incluso cuando la carga estructural aumentó significativamente con las sucesivas ampliaciones.
Leer la nota completa en PDS
