La investigación del Ministerio Público sumó un nuevo episodio al caso conocido como la mafia de los pagarés con la imputación de una ex jueza de Paz de Luque, junto a una actuaria judicial, un ujier notificador, un oficial de Justicia, un abogado vinculado a una firma privada y dos personas que habrían actuado como testigos.
La fiscala Liz Medina atribuye a los sospechosos la presunta comisión de prevaricato, producción y uso de documentos públicos de contenido falso, además de testimonio falso.
Según los antecedentes expuestos por la Fiscalía, las irregularidades se habrían producido durante la tramitación de un juicio ejecutivo impulsado por la empresa Comaco SRL. La sospecha central apunta a que se habrían incorporado al expediente constancias de notificaciones que, en realidad, no se habrían diligenciado. A partir de esos informes, el abogado de la firma solicitó medidas procesales y el avance del trámite judicial.
De acuerdo con la hipótesis fiscal, la actuaria habría comunicado a la entonces magistrada que las notificaciones fueron realizadas y que la parte demandada no compareció a reconocer su firma. Con base en esos reportes, la jueza ordenó la prosecución del proceso. Posteriormente, incluso la resolución que disponía el avance del juicio habría sido objeto de una notificación igualmente cuestionada.
La investigación también sostiene que el oficial de Justicia habría asentado como cumplidas intimaciones de pago y diligencias de embargo, así como otras comunicaciones procesales, todas supuestamente efectuadas en la ciudad de Luque. Sin embargo, para el Ministerio Público, tales actuaciones no se habrían concretado en la forma señalada en los documentos.
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