El diputado colorado de Paraguarí Tomás Ever Rivas fue imputado por hacer figurar como funcionarios de la Cámara Baja a tres empleados particulares suyos. El caso fue denunciado por una investigación periodística de Última Hora.
Penayo, Romero y Franco son empleados de la familia Rivas que figuraban como funcionarios a cargo del diputado en el Congreso, pero en realidad cumplían funciones en sus propiedades en Lambaré e Ybycuí. El fiscal del caso, Luis Piñánez, solicitó al juzgado medidas alternativas a la prisión para todos ellos.
Con respecto al diputado, el agente del Ministerio Público pidió al juzgado que solicite el desafuero a la Cámara Baja. La imputación deberá ser tratada por el juez penal de Garantías Rubén Riquelme.
Luego de más de un año de investigación, el fiscal anticorrupción concluyó que Chaparro, Romero y Franco en ningún momento estuvieron en sus puestos laborales en la Cámara de Diputados, ni siquiera en la zona del Parlamento en las fechas de sesiones a las que sí asistió el parlamentario. Sin embargo, firmaron planillas de asistencia de entrada y salida, certificadas por el propio diputado Rivas.
La hipótesis fiscal se sustenta en el registro de ubicación de llamadas entradas y salientes de los teléfonos celulares que los supuestos funcionarios declararon en sus legajos en el departamento de Recursos Humanos de la Cámara de Diputados.
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