El juez Humberto Otazú resolvió aplicar medidas alternativas a la prisión preventiva en el marco de la causa que investiga al exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto y a varios coimputados por la presunta comisión del hecho punible de lesión de confianza, vinculado a obras ejecutadas en el Hospital Regional durante la pandemia. Las resoluciones, […]
El juez Humberto Otazú resolvió aplicar medidas alternativas a la prisión preventiva en el marco de la causa que investiga al exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto y a varios coimputados por la presunta comisión del hecho punible de lesión de confianza, vinculado a obras ejecutadas en el Hospital Regional durante la pandemia.
Las resoluciones, dictadas el 06 de abril pasado, alcanzan además a Sonia Raquel Barrios Ramírez, Salem Esgaib Zugaib, Valeria Fabiana Romero Escobar, Lucía Elizabeth Lisboa de Torales y Sebastián Martínez Insfrán, quienes fueron imputados en calidad de cómplices, mientras que Prieto fue procesado como presunto autor.
Según la hipótesis del Ministerio Público, representado por los fiscales Silvio Corbeta, Yeimy Adle y Verónica Valdez, los imputados habrían participado en un esquema que generó un perjuicio patrimonial aproximado de Gs. 757.166.276 a la Municipalidad de Ciudad del Este. La investigación se centra en supuestas irregularidades en la ejecución de obras adjudicadas a las empresas SERVMAQ y M&M Constructora, donde se detectaron diferencias entre los montos abonados y los trabajos efectivamente realizados.
Tras analizar los presupuestos del art. 242 del Código Procesal Penal, el juzgado concluyó que existen elementos de sospecha suficientes sobre la comisión del hecho y la participación de los imputados. Sin embargo, consideró que no se configuran los requisitos para la prisión preventiva, atendiendo a factores como el arraigo, la ausencia de antecedentes penales en varios de los procesados y la posibilidad de garantizar su sometimiento al proceso mediante medidas menos gravosas.
Leer la nota completa en PDS
