Un reciente informe divulgado por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), durante los primeros cuatro meses de este año, 108 de 250 municipalidades no rindieron cuentas con sobre la utilización del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide). Los docentes, padres de familia, los alumnos y padres de familia no deben cansarse denunciar a los administradores y los organismos de control como la Contraloría General de la República deben tener mano dura contra los responsable de la mala utilización de estos recursos.
Un reciente informe divulgado por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), durante los primeros cuatro meses de este año, 108 de 250 municipalidades no rindieron cuentas con sobre la utilización del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide). Tampoco presentaron sus documentaciones sobre el destino de los royalties.
Desde que estos recursos se distribuyen a los gobiernos municipales y de gobernaciones hay muchas falencias sobre su control y por ende su ejecución. Lejos de servir para mejorar las precarias condiciones de las instituciones públicas del país terminaron en manos de empresarios o seccionaleros cercanos a las autoridades de turno, beneficiados con licitaciones amañadas y sobrefacturadas.
Mientras tanto, los niños y adolecentes de los sectores más vulnerables del país son quienes pagan las consecuencias. Los alumnos siguen dando clases bajos los árboles, sin merienda escolar, en el peor de los casos sin kit escolar y con docentes sin rubros.
Considerando que la educación es una vertiente fundamental para cambiar el futuro de nuestro país, la correcta utilización de los recursos provenientes de Fonacide es imprescindible.
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