El juez Paublino Escobar resuelve este mediodía si decreta o no la prisión del suspendido fiscal de Quiindy, César Garay Azucas, procesado por cohecho pasivo agravado.
Minutos antes de iniciarse la audiencia, el abogado defensor Rodolfo Mendoza recusó a los fiscales René Fernández y Liliana Alcaraz.
"El hecho de corrupción es un hecho punible grave, aunque no sea crimen. Por eso pedimos la prisión", explicó la fiscala Liliana Alcaraz, recusada por supuesta enemistad y porque pidió la prisión.
La defensa pidió medidas y ofreció la casa de la madre del imputado, valuada en G. 700 millones, como garantía para cubrir una eventual fianza real.
A su vez, Garay admitió los hechos, explicó que cayó en un error por estar agobiado por deudas y pidió que se investigue a su denunciante por soborno.
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