Diana Vargas del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) indicó que años atrás por recomendación del organismo, se prohibió el ingreso de civiles a la Agrupación Especializada, medida que se mantuvo durante años; fue levantada y se tuvo un desenlace fatal como el de la joven Lidia Meza.
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La existencia de centros clandestinos de privación de libertad ya sea porque la ley no les habilita a administrar prisión preventiva o condena de personas como en el caso de la Senad donde hay personas tanto en condición de prevenidos como condenados y es responsabilidad estatal tomar las medidas para garantizar la seguridad y la integridad de quienes se encuentran bajo su custodia, explicó Diana Vargas, del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) y especialista en DDHH en contacto con la 970 AM.
Vargas indicó que años atrás por recomendación del MNP, se prohibió el ingreso de civiles a la Agrupación Especializada, medida que se mantuvo durante años y luego se dieron casos en que los detenidos recibían visitas.
Destacó que la Policía Nacional no tiene facultades para administrar un establecimiento penitenciario y es cuando surgen problemas como cuál es la norma que rige en la Agrupación como el Código de Ejecución ya que las personas se encuentran en carácter de prevenidos y condenados.
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