El procurador Roberto Moreno prefirió mantener silencio sobre el pleito entre Paraguay y la aseguradora italiana Sace en EE.UU. en el caso Gramont Berres, que dejó una deuda de US$ 95 millones al país. La jueza de Washington DC, Ketanji Jackson, debe resolver si Paraguay puede ser demandado.
Pasó más de un mes y hay total hermetismo en torno al juicio que mantiene el Estado paraguayo y la aseguradora estatal italiana Sace en EE.UU. por la deuda contraída por Gustavo Gramont Berres en nombre del Paraguay.
Gramont, cuyo nombre verdadero es Benjamín Levy Avzarradel, fue embajador itinerante del Paraguay entre los años 1986 y 1987, durante la dictadura del general Alfredo Stroessner.
La jueza Ketanji Brown Jackson de Washington DC, Estados Unidos, escuchó el 2 de setiembre pasado los alegatos del Estado y de la Sace.
En la audiencia, el procurador general de la República, Roberto Moreno, y los abogados estadounidenses contratados por el Gobierno: Dane H. Butswinkas, Ana C. Reyes y Richmond T. Moore, del estudio jurídico Williams & Connolly LLP, con sede en Washington, solicitaron la desestimación de la demanda contra el país.
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