Con sumo hermetismo se maneja la postura de la Corte Suprema de Justicia respecto al informe presentado por la directora de Registros Públicos, Lourdes González, sobre la actuación del juez Rubén Ayala Brun en un habeas data a favor de Alberto Helfon Antebi Duarte. El caso estaba previsto para ser tratado en la plenaria de ayer, pero al término de la reunión nada se dijo.
En una nota, González informó la imposibilidad de cumplir la sentencia Nº 54 firmada por Ayala Brun el 28 de julio del 2016, por ser contraria a resoluciones anteriores dictadas por otros magistrados en distintos juicios (ver cuadro).
A través de la referida SD, el magistrado dispuso la “rectificación de los registros o inscripciones de las medidas cautelares que afectan a la finca Nº 24777 del distrito de la Recoleta propiedad del señor Alberto Helfon Antebi Duarte, debiéndose proceder a las inscripciones de las medidas sobre aquellos bienes que correspondan al señor Alberto H. Antebi Duarte”, y especifica el número de CI.
Rubén Ayala Brun, en conversación telefónica con nuestro diario, se despachó ayer contra la titular de la Dirección General de los Registros Públicos Lourdes González y el juez que lo interina, Gustavo Amarilla.
Con relación a González, afirmó que recurrió a la Corte para justificar su demora en dar cumplimiento de la sentencia y sobre su colega, dijo que ordenó el ingreso de 60 expedientes en su despacho, lo cual denunció ante la Corte.
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