El Gobierno pretende gastar G. 138.460 millones (alrededor de USD 21.5 millones) en el arrendamiento de 15.000 urnas electrónicas para las futuras elecciones internas y municipales de 2020. Hay una licitación pública internacional en puertas y el plazo de presentación fenece el 4 de noviembre. Llamativamente, desde el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) empezaron a establecer adendas de último momento al pliego de bases y condiciones. Hay sospechas de que podría favorecer a una de las empresas internacionales que se presentará para la licitación pública.
En la adenda presentada, el pasado 17 de octubre, se planteó una modificación respecto a algunas generalidades de la máquina de votación. En la misma, fija la necesidad de que se tenga que emitir boletín de voto impreso, actas de escrutinio, certificados de resultados y certificado de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), cuyo material deberá ser de gramaje (peso) igual o superior a 90 gramos.
Argumentan la necesidad de conservación del voto y la alta durabilidad.
De acuerdo a las informaciones proporcionadas en el ámbito político, la única empresa de la industria electoral que emite un boletín de voto impreso con gramaje requerido es Magic Software Argentina (MSA). El peso de la boleta es lo que activa la máquina de votación del fabricante.
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