La falta de sometimiento a la justicia, la mala fe y las actuaciones temerarias de los procesados y sus abogados no son sancionadas por los jueces, pese a estar obligados por leyes y acordadas. Hay connivencia entre encausados, sus defensores y magistrados para dilatar casos y evitar el castigo a políticos acusados por corrupción y otros “peces gordos”. Todo ocurre ante la tolerancia de la Corte.
Los Códigos Procesal Penal y Civil y la Acordada N° 961/15 le otorgan la facultad disciplinaria a los jueces, quienes son responsables de velar por el normal desarrollo del proceso. Sin embargo, las disposiciones legales (Ver infografía) son ignoradas por los magistrados, lo que hace presumir que actúan en complicidad con los enjuiciados y sus abogados para trabar la realización de la audiencia preliminar y otras diligencias, que conducen al juicio oral para definir la inocencia o culpabilidad de los acusados.
La ley obliga a las partes a litigar con buena fe, evitar planteamientos dilatorios y no abusar de las facultades que les otorga el Código Procesal Penal. Sin embargo, esto es letra muerta, ya que en los procesos abiertos a los políticos, narcotraficantes y otros “peces gordos” no se puede hacer la preliminar e incluso la imposición de medidas, ya que la defensa comienza a chicanear con la nulidad de la imputación fiscal, reposiciones u otros incidentes, con el solo efecto de prolongar la causa.
Los responsables de sancionar a los procesados y abogados chicaneros son los magistrados, quienes sospechosamente hacen caso omiso a las normas. La complacencia de los jueces fortalece la sospecha de una connivencia de los administradores de justicia con los imputados, acusados y sus defensores.
Para “romper” con la tolerancia de los jueces con los procesados y sus representantes legales, además de lo que dictan los Códigos Procesal Penal y Procesal Civil, el alto tribunal de la República, en el 2015, sacó la Acordada N° 961, que no solo sanciona a los chicaneros, sino también a los magistrados que no la aplican. En el artículo 4°, la disposición de la máxima instancia establece claramente que los jueces que la ignoran cometen falta grave y son pasibles de castigo por la Corte Suprema.
Leer la nota completa en Diario ABC
