En los varios intentos previos a su implementación, la intención de aplicar el Impuesto a la Renta Personal (IRP) en Paraguay siempre tuvo resistencia, dejándonos con una imagen de país inequitativo. Además, al revisar las declaraciones juradas, se verificó que el impuesto efectivamente pagado por los contribuyentes del IRP es menor cuanto mayor es el ingreso declarado (impuesto regresivo), puesto que quienes más ingresos tienen deducen más gastos por inversiones y donaciones. La nueva reglamentación del IRP establecida en el Decreto N° 6.560/16 busca solucionar este tipo de situaciones, apegándose estrictamente al texto de la Ley N ° 4.673/12, corrigiendo prácticas que vulneraban todos los principios de justicia tributaria y hacían del IRP un impuesto regresivo. El anticipo del IRP es una facultad administrativa establecida en la Ley N° 125/91, lo cual permitirá distribuir y alivianar la carga financiera del impuesto para los contribuyentes, pues durante el ejercicio irán pagando una pequeña parte del impuesto que deberán pagar al final del ejercicio fiscal. A medida que nuestra cultura tributaria vaya madurando, empezaremos a ver más claramente que un IRP bien diseñado es un impuesto que mucho puede contribuir a mejorar la justicia social en el Paraguay, distribuyendo la carga de los impuestos de una manera más equitativa y generando recursos para las inversiones sociales, sin afectar la competitividad de nuestro país.
En los varios intentos previos a su implementación, la intención de aplicar el Impuesto a la Renta Personal (IRP) en Paraguay siempre tuvo resistencia, dejándonos con una imagen de país inequitativo.
La estrategia de su implementación se centró en enfatizar el efecto de formalización que se daría puesto que los nuevos contribuyentes buscarían documentar todas sus compras con facturas legales de manera a reducir la carga efectiva del impuesto.
Sin embargo, mediante la firma del “Acuerdo para Fomentar la Formalidad, la Competitividad, la Equidad y la Responsabilidad Fiscal” en noviembre de 2003, los representantes del Estado y de los gremios empresariales también dejaron plasmado el compromiso expreso de impulsar un IRP equitativo.
En el 2012, para la modificación efectuada con la Ley N° 4673/12 se fundamentó la implementación del IRP como un imperativo de justicia que permitiría que los que tienen más paguen más impuestos, con la expectativa de generar más recursos para la salud, la educación y para el combate a la pobreza.
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