La fiscala acusadora del JEM solicitó el martes pasado sanción para la fiscala y el juez que se negaron a solicitar datos de extractos de llamadas para conocer quién ordenó al excomandante de Policía atropellar la sede del PLRA, tras lo cual mataron a Rodrigo Quintana.
Durante los alegatos finales en la audiencia pública del martes en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), la fiscala acusadora María de la Cruz Zacarías solicitó que este órgano considere aplicar una de las sanciones previstas para la fiscala Raquel Fernández y el juez penal de garantías Alcides Corbeta. Ambos operadores de justicia se habían negado a que se solicite la extracción de datos de teléfonos celulares para saber quiénes se comunicaron y habrían ordenado al entonces comandante de Policía, Críspulo Sotelo, para atropellar el local del PLRA el 31 de marzo de 2017.
La fiscala acusadora Zacarías concluyó en sus alegatos finales que “los indicios de mal desempeño funcional que sirvieron de base al enjuiciamiento de la agente fiscal Fernández y el juez penal Corbeta fueron corroborados durante el transcurso del enjuiciamiento, máxime cuando no pudieron rebatir los hechos que les fueron atribuidos. Esta fiscala acusadora solicita la aplicación de una de las sanciones previstas en el Artículo 31 de la Ley N° 3759/2009 (remoción o apercibimiento)”.
La fiscala Fernández había argumentado para no solicitar los datos de extracción de llamadas que esta diligencia era inconducente y que solamente era para alimentar el morbo de la gente porque dichos extractos no iban a revelar el contenido de la conversación entre los interlocutores.
Las sospechas de entonces relacionaban al expresidente Horacio Cartes y su entorno como posibles mandantes del comandante Sotelo para que perpetre el ataque al local partidario del PLRA.
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