La Asociación de Magistrados de la Judicatura de Paz del Paraguay emitió un comunicado en el que exige al Ministerio Público el respeto al Estado de Derecho, en respuesta a las investigaciones que involucran a jueces de paz en el marco de la mafia de los pagarés. En su pronunciamiento, el gremio se adhirió a […]
La Asociación de Magistrados de la Judicatura de Paz del Paraguay emitió un comunicado en el que exige al Ministerio Público el respeto al Estado de Derecho, en respuesta a las investigaciones que involucran a jueces de paz en el marco de la mafia de los pagarés. En su pronunciamiento, el gremio se adhirió a los argumentos expuestos por los ministros de la Corte Suprema de Justicia en la sesión plenaria del 5 de marzo de 2025, en el sentido de que toda indagación penal debe ajustarse a la Constitución Nacional y no vulnerar la independencia del Poder Judicial.
Si bien la asociación manifestó su apoyo a cualquier investigación basada en denuncias certeras y responsables, con una precisa individualización de los hechos punibles, advirtió que las medidas adoptadas por el Ministerio Público, como allanamientos, incautaciones de teléfonos y secuestro de expedientes judiciales en trámite, constituyen acciones extremas y subsidiarias que solo deben aplicarse en caso de negativa a colaborar con la investigación y cuando no existan otras vías para la obtención de pruebas.
El gremio recordó que ningún magistrado judicial puede ser acusado o interrogado por las opiniones emitidas en el ejercicio de sus funciones, ni detenido o arrestado salvo en caso de flagrante delito con pena corporal, conforme a lo establecido en el artículo 255 de la Constitución Nacional. En caso de detención, la autoridad interviniente debe poner al magistrado bajo custodia en su residencia y comunicar inmediatamente el hecho a la Corte Suprema de Justicia.
Asimismo, la asociación consideró que la incautación de expedientes judiciales en trámite afecta la independencia del Poder Judicial, garantizada en el artículo 248 de la Carta Magna, que prohíbe la injerencia de otros poderes del Estado en los juicios en curso y declara la nulidad insanable de cualquier acto que busque paralizar o intervenir en los procesos. En ese sentido, instó al Ministerio Público a diferenciar las responsabilidades penales y administrativas de los funcionarios públicos involucrados en los procesos investigados.
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