La Asociación de Jueces de Paz del Paraguay, encabezada por su presidenta, Susana Granado, presentó recientemente una nota al presidente de la Corte Suprema de Justicia. En ella, expresan su postura sobre la obligatoriedad de marcación de horario para jueces y los desafíos que enfrenta el Poder Judicial en cuanto a la flexibilidad laboral requerida […]
La Asociación de Jueces de Paz del Paraguay, encabezada por su presidenta, Susana Granado, presentó recientemente una nota al presidente de la Corte Suprema de Justicia. En ella, expresan su postura sobre la obligatoriedad de marcación de horario para jueces y los desafíos que enfrenta el Poder Judicial en cuanto a la flexibilidad laboral requerida para cumplir con sus funciones.
Granado explicó, al Observador, que el debate sobre la marcación de horarios ha sido un tema recurrente en el Poder Judicial, recordando que desde el año 2016 la asociación ha sostenido que el sistema actual no se adapta a la realidad de las funciones judiciales. «Creemos que la naturaleza de nuestro trabajo requiere mucha flexibilidad para abordar los asuntos urgentes y garantizar el acceso a la justicia en todo momento», afirmó. La presidenta subrayó que la obligatoriedad de la marcación podría interferir en el desempeño judicial, especialmente en casos en los que se requiere extender las...
Los jueces de Paz, según Granado, enfrentan situaciones en las que los horarios regulares no se aplican debido a la naturaleza de los casos. Las audiencias pueden extenderse más allá del horario previsto, y hay ejemplos de jueces que trabajan en días feriados o fines de semana, especialmente en casos de violencia doméstica, uno de los temas más sensibles atendidos por los juzgados de Paz, en los cuales se dictan más de 33,000 resoluciones anualmente.
Granado también enfatizó la carga laboral no remunerada de muchos jueces que deben realizar funciones fuera de su horario. Según la presidenta de la asociación, si se impusiera un horario fijo de 7:00 a 13:00, el sistema de justicia se vería afectado, limitando el acceso de los ciudadanos y reduciendo la eficiencia de las decisiones judiciales.
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