El ministro de Industria y Comercio, Javier Giménez, también miembro del Consejo de Itaipú, afirmó que las negociaciones técnicas con Brasil por el Anexo C están “avanzadas en un 80%”. Esto es de por sí grave y sospechoso porque, a pesar de la insistencia, nunca se informó sobre el tenor y el contenido de tales negociaciones, como si la ciudadanía paraguaya fuera una especie de convidada de piedra en un tema tan sensible y crítico para la defensa de su patrimonio y para el desarrollo nacional. Pero lo es todavía más lo que declaró después, con inquietantes indicios de que el Gobierno de Santiago Peña está de nuevo dispuesto a transar a cambio de cuestiones secundarias (si no de directos sobornos) la preservación del statu quo, que es lo que le conviene y busca Brasil en detrimento del Paraguay.
Digan lo que digan, le pongan el apellido que le pongan, argumenten lo que argumenten para desviar la atención, la cuestión fundamental para Paraguay en Itaipú es la libre disponibilidad y la renta por sus excedentes energéticos, que hasta el día de hoy se ve obligado a ceder a Brasil por una ínfima “compensación” en virtud del texto y la interpretación del Anexo C del Tratado. Todo el resto es supletorio, cuando no directamente una gran cortina de humo para hacer creer que Paraguay está obteniendo ventajas, cuando en realidad le está entregando al Brasil su mitad de un valiosísimo recurso...
En los últimos 40 años, desde que la primera turbina empezó a generar en 1984, Brasil se ha llevado el 90% de la producción de Itaipú, lo que incluye su parte y la parte paraguaya a precio vil. En la práctica esto constituye un enorme subsidio de Paraguay a Brasil, con el agravante de que en la actualidad ello no beneficia a la población brasileña con una tarifa baja, porque el mercado eléctrico en el vecino país está desmonopolizado y quienes llegan al consumidor final son distribuidores privados. La empresa estatal, antes Eletrobras, ahora ENBpar, contrata la potencia de Itaipú a precio...
La excusa para justificar esta iniquidad fue que Paraguay no tenía la capacidad financiera para la construcción de la central. Una gran falacia. Por un lado, Itaipú se autofinanció de principio a fin. Por el otro, la deuda se infló hasta niveles exorbitantes también en beneficio del Brasil, que fue el principal prestamista y se embolsó los intereses usurarios por obras sobrefacturadas y grandes porciones espurias. Pero, al margen de ello, hoy ni siquiera ese pretexto es alegable, porque la central está totalmente amortizada, la deuda está cancelada y el plazo de revisión del Anexo C se...
Es sumamente preocupante que el ministro consejero Javier Giménez, al comentar ambiguamente sobre los puntos que se están “negociando”, no haga ni mención de la plena restitución de los derechos paraguayos en Itaipú. Habló de “los componentes de la tarifa”, los “gastos sociales”, “nuevas fuentes de energía”, el “acuerdo operativo”, el “uso de aguas” y la “esclusa de navegación”. Ninguno de esos temas hace al corazón de las grandes reivindicaciones paraguayas en Itaipú relacionadas con la renegociación del Anexo C.
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