El Gobierno Nacional emitió un comunicado a través de Cancillería recriminando las expresiones hechas por el representante en América del Sur de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab, a quién afirman el gobierno nacional le retira su “confianza”, alegando que los cuestionamientos que realizaron al operativo contra el EPP, en el que murieron acribilladas dos niñas, los realizaron sin siquiera pedir información al Estado Paraguayo, donde según ratifican, rige el “Estado de derecho”.
Gobierno tilda de “irresponsable” a representante de la ONU y le “retira confianza”
Cancillería en su comunicado “rechaza rotundamente las expresiones del comunicado que aluden a las normas del Protocolo de Minnesota y considera irresponsables las expresiones del representante Jan Jarab, que insinúa posible alteración de los hechos, sin siquiera requerir y tomar conocimiento del informe oficial proveído por el Estado”, algo que según afirman, lleva al gobierno nacional “al extremo de retirar la confianza al señor Jarab, en cuanto a su predisposición de entablar una comunicación fluida, directa, constructiva y permanente con las autoridades competentes del Estado paraguayo”.
El gobierno nacional comienza el documento reprochando que “no ha recibido solicitud alguna de información por parte de la citada Oficina desde el momento de los hechos del 2 de setiembre hasta hoy en que emitió el referido comunicado, por lo que sería sumamente constructivo que dicha oficina se nutra igualmente de la información oficial para emitir pronunciamientos más equilibrados y objetivos” y además recuerdan que “en el Paraguay rige el Estado de Derecho, en consecuencia, las investigaciones llevadas a cabo por los órganos jurisdiccionales son imparciales e independientes”.
También precisaron que el “autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) no es un grupo armado no estatal, como erróneamente afirma dicha oficina, sino una organización criminal, con objetivos y acciones terroristas, como ya ha sido confirmado en fallos firmes y ejecutoriados por los tribunales de la República”.
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