Si se comparan los gastos en salarios del Presupuesto ejecutado en el 2014 con el Proyecto del PGN 2018, se observa un crecimiento de tan solo 25%, muy por debajo del 100% de aumento de los gastos salariales registrados en el periodo 2009 al 2013. La desaceleración de la dinámica que presentaban los gastos salariales en los períodos anteriores y los incrementos que se realizaron entre el 2014 y 2018 se encuentran enmarcados en los establecido en la Ley N° 5098/2013 “De Responsabilidad Fiscal” que regula los incrementos salariales en el sector público y lo vincula con el salario mínimo legal para el sector privado, concluyó el informe del Ministerio de Hacienda.
La actual administración gubernamental redujo drásticamente el crecimiento del gasto estatal en salarios, de 100% en el periodo 2009-2013 a solo 25% en 2014-2018, incluyendo ya en esta última cifra el aumento contemplado en el proyecto del Presupuesto del próximo ejercicio fiscal, según informó el Ministerio de Hacienda.
“Las medidas de contención del gasto implementadas a partir del 2014 evitaron que los gastos salariales suban al ritmo de los periodos anteriores. Si se comparan los gastos en salarios del Presupuesto ejecutado en el 2014 con el Proyecto del PGN 2018, se observa un crecimiento de tan solo 25%, muy por debajo del 100% de aumento de los gastos salariales registrados en el periodo 2009 al 2013. También es mucho menor al 77% de aumento de la carga salarial registrada durante el periodo 2004/2008”, según un reporte de la cartera de Estado.
Esta fuerte desaceleración responde al continuo esfuerzo de la política fiscal por contener la expansión de los gastos corrientes, de manera que sea mayor la disponibilidad de fondos para el financiamiento de las inversiones públicas en infraestructuras económicas y sociales. Esto es, para mejorar la calidad del gasto público y para que el dinero de los contribuyentes sea mejor utilizado.
Como resultado de esta política presupuestaria, también se ha venido cerrando la brecha entre el aumento de la remuneración del sector privado, representada por el salario mínimo legal y los salarios en la administración pública.
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