El Decreto N° 4991/2025, firmado por Santiago Peña para habilitar el “dirigido” contrato de US$ 22 millones para la estadounidense Securiport LLC, deja un preocupante precedente, tras avalar un uso discrecional y no fundamentado del artículo 40 de la Ley de Contrataciones.
En tiempo récord, la Dirección Nacional de Migraciones (DNM), bajo la gestión de Jorge Kronawetter, concretó la adjudicación de un contrato de US$ 22.011.796 a la empresa estadounidense Securiport LLC para la implementación de un sistema de información anticipada de pasajeros (API-PNR).
A través del Decreto N° 4991/2025, firmado por el presidente Santiago Peña, la entidad contrató por vía de la excepción, invocando razones de “seguridad nacional” y una supuesta complejidad técnica para eludir los procedimientos de licitación pública que garantizan la libre competencia.
El Decreto N° 4991 fue firmado por Peña y refrendado por el mnistro del Interior, Enrique Riera.Sin embargo, el análisis del expediente revela que la justificación utilizada colisiona directamente con los principios de la Ley N.º 7021/22 de Suministro y Contrataciones Públicas.
El artículo 40 de dicha ley dice que se podrá realizar llamados vía excepción “para garantizar la seguridad del Estado” y siempre que “se encuentre debidamente justificada la imposibilidad de llevar adelante una contratación competitiva”.
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