El Gobierno afirmó que las muertes de campesinos en la masacre de Curuguaty sí fueron investigadas, y contradijo al Alto Comisionado de la ONU sobre DD.HH quien mostró su preocupación ante la falta de investigación.
El pasado 11 de julio, once personas fueron condenadas a penas de entre 4 y 30 años de prisión por las muertes de los policías, mientras que no hubo ningún imputado por las de los campesinos fallecidos en estos hechos.
Esa sentencia motivó la reacción de Zeid Ra'ad Al Hussein, Alto Comisionado de la ONU sobre Derechos Humanos, que el miércoles mostró su preocupación ante la falta de investigación de las muertes de los campesinos, así como por las denuncias de que algunos de ellos fueron ejecutados tras ser torturados.
La Cancillería paraguaya aseguró este viernes que estas muertes fueron investigadas a través de "un procedimiento interno de la policía para dilucidar responsabilidades".
En el mismo comunicado, el organismo afirmó que la actuación de la policía en la masacre de Curuguaty, que se produjo cuando más de 300 policías acudieron a desalojar a unos 70 campesinos de las tierras que ocupaban, "fue de reacción y se circunscribió a la legítima defensa".
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