Con cuatro décadas al mando de Formosa, Gildo Insfrán vuelve a arrasar en las urnas y prepara una nueva reforma constitucional para sostener su hegemonía como gobernador de Formosa, Argentina, provincia vecina a nuestro país. Hijo de un combatiente paraguayo, su poder se cimenta en el control territorial, el aparato del Partido Justicialista (PJ) y una estructura electoral aceitada. Las implicancias de un régimen que resiste incluso a la Corte Suprema.
, nacido en Laguna Blanca y con raíces paraguayas por parte de su padre oriundo de Ñeembucú, lleva 39 años gobernando la provincia de Formosa. Veterinario de profesión y político de oficio, Insfrán fue vicegobernador entre 1987 y 1995, y desde entonces no ha soltado las riendas del poder. Su última victoria, con más del 67% de los votos, lo posiciona una vez más en la cima de la política formoseña, ahora con mayoría para reformar la Constitución provincial.
En las recientes elecciones para convencionales constituyentes, el Partido Justicialista arrasó. La lista encabezada por María Graciela de la Rosa se impuso con comodidad, dejando muy atrás al Frente Amplio Formoseño y a La Libertad Avanza. La participación electoral, que superó el 70% pese al mal tiempo, legitimó una vez más al “modelo formoseño”, basado en el centralismo y el clientelismo político.
Insfrán ya reformó la Constitución de Formosa una vez, en 2003, para habilitar la reelección indefinida. Esta jugada le permitió encadenar victoria tras victoria sin alternancia democrática real. Ahora, con la Corte Suprema nacional cuestionando ese privilegio, su bloque buscará una nueva reforma. Oficialmente, el cambio apunta a los “derechos de cuarta generación”, pero el trasfondo es claro: garantizar que Gildo pueda seguir en el cargo.
En un intento de frenar su permanencia, la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró inconstitucional la reelección indefinida. Sin embargo, el poder territorial de Insfrán lo blindó. La convocatoria a una reforma constitucional y el nuevo aplastante triunfo electoral fueron su respuesta política. Se prevé que sectores afines en la Justicia provincial avalen una reelección “desde cero” si se promulga una nueva Carta Magna.
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