Gianina García Troche, esposa del narcotraficante prófugo de la justicia Sebastián Marset, solicita a través de sus abogados Luis Samaniego y Daniel Garcete la intervención diplomática de su país en la causa que enfrenta por lavado de activos.
Los defensores piden que se informe al Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay que el Consulado no fue notificado de la presencia de la procesada en Paraguay el día de su arribo, sino 55 días después, lo cual, según la defensa, constituye una violación del debido proceso.
En ese sentido, solicitan al gobierno uruguayo analizar las consecuencias jurídicas y diplomáticas en las que habría incurrido el Estado paraguayo, a través de la justicia, al no garantizar a la procesada su derecho consular ni permitirle contratar un abogado de su confianza dentro de las 24 horas de su detención.
La defensa asegura que los derechos y garantías de la imputada fueron vulnerados, por lo que piden que la diligencia practicada el día de su arribo al país (21/05/25) sea anulada.
En su escrito, señalan: “La Convención de Viena (art. 36), incorporada al bloque de constitucionalidad, impone a toda autoridad (fiscal, juez, policía) la obligación de informar sin demora al detenido extranjero de su derecho a comunicarse con su consulado. Esa obligación no es facultativa ni recomendable: es norma de rango constitucional y convencional, de cumplimiento estricto”, afirman los defensores, quienes buscan dejar sin efecto la indagatoria de su clienta.
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