En su primera reunión del año, el directorio ejecutivo de la Itaipú Binacional aprobó proyectos de “inversión social” por un total de G. 31.212 millones. Dichos recursos son de dudosa legalidad y al no existir control estatal, su uso puede orientarse para fines electorales, afirman.
En la misma semana en la que se produjo la visita del presidente de la República, Horacio Cartes, a la Central Hidroeléctrica Itaipú (CHI), el directorio ejecutivo de la entidad aprobó acuerdos y proyectos, en diferentes frentes, por un total de G. 31.212 millones (unos US$ 5 millones al cambio actual). Cartes acudió a la CHI acompañado de su principal asesor político, Darío Filártiga, quien participó de la reunión que mantuvo el Mandatario con los directores y consejeros de Itaipú.
De acuerdo a la información de la propia binacional, los proyectos aprobados la semana pasada serán ejecutados en el marco de los denominados “gastos de responsabilidad socioambiental”, cuya legalidad es objetada por ampararse en una nota reversal que no cuenta con aprobación parlamentaria. Al respecto, el general retirado Juan Antonio Pozzo, investigador y autor de varios libros sobre Itaipú, advirtió que la utilización de dichos recursos no es parte de la misión de la hidroeléctrica que se construyó para generar energía limpia y barata que ayude al desarrollo de ambos países.
“Itaipú, mediante los gobiernos socios corruptos, en vez de dedicarse a producir energía como lo establece su misión institucional, inventa lucros ilegales para presuntos gastos sociales que son de responsabilidad estatal”, afirmó Pozzo. Agregó que “así empoderado, se manipulan elecciones políticas y jueces venales orientados a servir intereses políticos”.
Por su parte, el ingeniero Germán Escauriza, exasesor de la Comisión de Entes Binacionales Hidroeléctricos (CEBH), recordó que los denominados “gastos sociales”, ejecutados por los directores de las dos binacionales, Ángel Recalde en Yacyretá y James Spalding en Itaipú, con el consentimiento del canciller Eladio Loizaga y bajo la orden del presidente Horacio Cartes, no integran el derecho positivo paraguayo, por consiguiente, no tienen sustento legal.
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