La guerra que se desató entre el sector privado de combustibles y el Gobierno, a través del Ministerio de Industria y Comercio (MIC) con el ingreso de la estatal Petropar al negocio del gas licuado de petróleo (GLP) se torna más encarnizada. El nuevo escenario sería el Poder Judicial con acciones judiciales de ida y vuelta.
El ingeniero Guillermo Parra, vocero de la Unión de Gremios de Combustibles y GLP, dijo ayer que ya están analizando las acciones legales que impulsarán para enfrentar esta situación complicada, surgida de las medidas del MIC para “proteger y favorecer en el negocio del gas a Petropar”.
Apuntó que esta intervención de la Sedeco, hoy dirigida por una persona puesta por el titular del MIC, Gustavo Leite, “es utilizada, al igual que el INTN, como brazo ejecutor para defender los intereses del Gobierno y de Petropar”.
Apuntó que la medida de amparo que se dictó es de forma, mientras se estudia la cuestión de fondo que es la violación de la Ley de Marcas, pero que Industria y Comercio, como también Petropar, a través de un dictamen favorable de un estudio jurídico que contrató, niega que ocurra.
A MEDIDA. Parra dijo que está a la vista de todos que Petropar incursionó en el negocio del gas a través de decretos y resoluciones para darle “legalidad”, debido a falencias. “Estas medidas modificaron las reglas de juego para que el MIC, en vez de ejercer como ente regulador, salga a favorecer a un competidor”.
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