La empresa uruguaya ganadora de la licitación para la operación de 13 puestos de peaje por 10 años ni siquiera tiene la experiencia mínima requerida por el pliego, que es de cuatro años, según confirma una resolución del tribunal de cuentas del Uruguay.
La licitación para la operación de los peajes, que fue adjudicada al consorcio Ramón C. Álvarez-CDD exigía una experiencia mínima de cuatro años en contratos similares, según consta en el folio 34 del pliego de bases y condiciones. El consorcio en cuestión tiene solo tres años y cinco meses y no alcanza el mínimo, según revela una resolución emanada del Tribunal de Cuentas del Uruguay, que intervino en un juicio que involucró a la Corporación Vial del Uruguay y al Ministerio de Transporte y Obras Públicas de ese país.
El documento, al cual tuvimos acceso, menciona como antecedente textualmente lo siguiente: “el 16 de abril de 2002 se suscribió un contrato referente a la construcción de los puestos de peaje y la recaudación de los mismos, entre la CVU, como contratante y el Consorcio Hernández & González SA-Ramón Álvarez SA en calidad de contratista, cuyo plazo finalizó en setiembre de 2005”. La resolución tiene fecha del 22 de abril del año 2015.
Fue justamente el contrato que tuvo con la Corporación Vial del Uruguay la que empresa Ramón C. Álvarez mencionó como experiencia específica para competir en la licitación de los peajes en nuestro país, en la que finalmente resultó adjudicada su oferta, por más de G. 42.000 millones.
Para competir en la licitación, la firma Ramón C. Álvarez SA presentó una declaración jurada en la que aseguraba haber construido nueve peajes para la Corporación Vial del Uruguay, que a su vez era contratista del Estado uruguayo. Tres de los puestos mencionados por la firma Ramón C. Álvarez ni siquiera fueron objeto del contrato principal.
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