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Al mismo tiempo, asegura que “el respeto a la propiedad privada es un fundamento central del Estado de derecho y, como ciudadanos habitantes de una República, condenamos toda violación a nuestros derechos constitucionales y el uso de la fuerza que atente contra esta”.
En tal sentido, afirma que “la usurpación en el derecho de propiedad de los recursos productivos atenta contra el desarrollo económico y social de nuestros países. No es necesario mencionar las graves consecuencias para la economía y, por ende, para toda la sociedad, cuando se vulnera el Estado de derecho y se atenta contra la actividad
Finalmente, desde la FARM “instamos a los poderes del Estado de nuestros países a actuar de acuerdo a los mecanismos legales vigentes, con el fin de resguardar y garantizar la paz de nuestros pueblos”.
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