Elizabeth Millán, del Sindicato de Funcionarios Penitenciarios y Centros Educativos, alzaron la voz de protesta conta la decisión de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, respecto a la contratación de seguro médico. “Nos parece una decisión arbitraria y aunque el gobierno entrante haya pedido que se frenen las licitaciones, no nos pueden privar de un
“Nos parece una decisión arbitraria y aunque el gobierno entrante haya pedido que se frenen las licitaciones, no nos pueden privar de un derecho constitucional a la salud”, expresó.
Explicó que el actual contrato vence justamente cuando se acaba el actual periodo gubernamental. En tal sentido, el temor por quedar sin el seguro médico está latente.
Millán argumentó que el funcionario penitenciario tiene una carga mayor que cualquier otro empleados, en cuanto a los efectos que tiene en su salud la naturaleza de la labor que tienen.
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