Funcionarios del Poder Judicial solicitaron al presidente de la Corte Suprema de Justicia, doctor Luis María Benítez Riera, el cese de los descuentos correspondientes al pago de cuotas por compras realizadas mediante órdenes proveídas por la Asociación de Funcionarios y Empleados del Poder Judicial. Fue a través de una nota firmada por Fanny Recalde, José Escobar y otros catorce funcionarios.
Es a raíz de la sospecha de desvío de dichos recursos, pues son numerosos los funcionarios que han sido intimados por distintas casas de crédito y casas comerciales al pago de cuotas por deudas ya canceladas, en algunos casos, del año 2014.
Los afectados denunciaron que varios pagarés de cuentas canceladas se utilizaron para refinanciar otros préstamos, sin su consentimiento. Según los datos, solo una de las casas de crédito tendría unos 650 pagarés pendientes de pago, mientras que una casa de electrodomésticos reclama una deuda de G. 700 millones.
La asociación nuclea a funcionarios del Poder Judicial, del Ministerio Público y del Ministerio de la Defensa Pública, algunos de los cuales han presentado denuncia a la Fiscalía. Precisamente a raíz de dichas denuncias las fiscalas Teresa Sosa y Alejandra Savorgnan allanaron recientemente la sede, ubicada media cuadra del Palacio de Justicia.
En lo civil, la firma Credi Amigo presentó una demanda contra la “aso” por G. 133 millones.
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