La consigna de injustos de peligro y/o de resultado material ha fijado lineamientos de precisión con respecto a los bienes jurídicos “socioeconómicos”; que se corresponden al parámetro colectivo de imputación, dentro del bloque de control económico, pues bien, la doctrina se ha encargado de sostener la esencia del peligro como probabilidad, bajo “prueba” de afectación negativa (ambiental), y conforme a las modalidades típicas de secuencia objetiva.
Es que al expresar la tutela respecto a los bienes que resulten institucionales o de titularidad “individual”, se logra advertir innegables fragmentos contra la hacienda pública, como también contra aquellos que perjudican el patrimonio de particulares (terceros). Entretanto, la incidencia (delictiva) de estos parámetros de riesgo y de peligro envuelven la complejidad, por la consideración de valores protegidos (colectivos), que se enlazan (de igual forma) al medio ambiente.
Por consiguiente, ocupa (importancia) referirnos a los hechos (fraudes) que pueden contemplarse sobre “variantes” de tipos de peligro. Más aún, en su cualidad en “abstracto”, ante la identificación del bien jurídico (amplio) adecuado al riesgo por la (conducta) del agente infractor, desde diversos grados de participación ilícita.
Ciertamente, los parámetros de protección jurídica de bienes colectivos o sociales, como la transparencia en el mercado de activos ambientales deducen una interacción (autónoma) respecto a la política criminal. En tal sentido, la discusión se engloba (precisamente) a los delitos ambientales, por el sentido de fraude ligado a los ilícitos por gestión fraudulenta del entorno ecológico. Es que en el marco económico-empresarial se pueden “ejecutar” claramente algunas conductas antijurídicas (concatenadas) a riesgos concretos para la integridad del entorno ambiental.
Ante ello, el contexto internacional nos ha clarificado (jurisprudencialmente) la interconexión entre el sentido de fraude económico y la incidencia en el curso ambiental, pues bien, se tiene el caso “CAMPSA” y Parque Natural de Doñana en España, en razón a que, el fáctico ocurrido en los años 90, mediante una empresa petrolera CAMPSA (Compañía Arrendataria del Monopolio de Petróleos SA), ocupó determinante en la construcción de un “oleoducto”, y que consideraba una situación relevante, en vista a que se debía atravesar en áreas cercanas al Parque Nacional (en cuestión).
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