La iniciativa popular constituye un derecho consagrado en el artículo Nº 123 de la Constitución Nacional y faculta a los electores a presentar de forma directa proyectos de ley ante el Congreso, sin necesidad de que un parlamentario deba “apadrinar” la iniciativa. No obstante, en 30 años de vigencia de la legislación, ni una sola […]
La iniciativa popular constituye un derecho consagrado en el artículo Nº 123 de la Constitución Nacional y faculta a los electores a presentar de forma directa proyectos de ley ante el Congreso, sin necesidad de que un parlamentario deba “apadrinar” la iniciativa.
No obstante, en 30 años de vigencia de la legislación, ni una sola ley nació a partir de la iniciativa popular, que está garantizado en la Carta Magna. Esto se debe principalmente a los inconvenientes de logística e, incluso, económicos que implica la recolección de firmas holográficas para presentar proyectos de iniciativa popular.
Anteriormente, el Tribunal Electoral establecía que se requería la recolección de una cantidad de firmas equivalente al 2% del padrón. Como requerimiento, se necesitaban unas 100.000 firmas para que un proyecto de ley llegue hasta el Congreso por medio de la iniciativa popular.
Desde hace más de cinco años, jóvenes universitarios y el exviceministro de Educación, Robert Cano, vienen recolectando firmas con el propósito de presentar una iniciativa para modernizar los procedimientos para la iniciativa popular, apuntando a la utilización de firmas electrónicas.
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