Varios arrestos recientes de ciudadanos y residentes estadounidenses por presunto contrabando de armas a Haití ponen de relieve las complejidades de la política de control de armas en Estados Unidos en medio de la inseguridad creciente en la nación caribeña.
El 19 de noviembre, tres estadounidenses de origen haitiano fueron detenidos bajo sospecha de traficar armamento en el aeropuerto internacional de Puerto Príncipe, capital haitiana. Las autoridades descubrieron cinco armas de fuego, entre las que se halló un rifle semiautomático AR15 y cuatro pistolas 9 mm, además de municiones, ocultas en su equipaje.
Unos días antes, el 16 de noviembre, se decomisaron siete armas de fuego, que incluían cuatro rifles de asalto y tres revólveres, de un contenedor de carga en Port-de-Paix, ciudad en el noroeste de Haití. El barco que llevaba las armas estaba registrado en Tanzania, pero tuvo una parada en Miami antes de su arribo a Haití.
El 13 de noviembre, otro ciudadano estadounidense fue detenido en el aeropuerto de Puerto Príncipe por ingresar al país con seis armas guardadas en su equipaje en bodega; estas incluían dos Uzis totalmente automáticas. Las autoridades declararon que el hombre viajaba desde Carolina del Norte hacia Haití con un vuelo de conexión en Miami. Aunque al parecer el hombre siguió el protocolo para armas de Estados Unidos, fue detenido por las autoridades haitianas, pues el porte de armas de fuego está prohibido sin un salvoconducto especial, con excepción de las armas deportivas.
Y el 31 de octubre, se les imputaron cargos federales a tres residentes de Florida, uno con ciudadanía estadounidense y dos haitianos, en la ciudad de Washington DC, por contrabando de armas hacia Haití para la pandilla 400 Mawozo, que operan en el sector de Croix-des-Bouquets al este de Puerto Príncipe. La pandilla 400 Mawozo fue la responsable del sonado secuestro de 17 misioneros el pasado octubre.
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