La imputación de dos expresidentes y siete exfuncionarios por un presunto perjuicio de G. 61.000 millones representa uno de los pasos más importantes dados hasta ahora para esclarecer el manejo de las últimas administraciones del IPS. Mientras el dinero desaparecía entre adendas, pagos y obras que nunca comenzaron, la previsional quedó sin capacidad suficiente para garantizar medicamentos, insumos y una atención digna a sus asegurados.
Después de meses de denuncias, auditorías, cuestionamientos públicos y un deterioro cada vez más visible de los servicios, el Ministerio Público finalmente avanzó sobre la cúpula que administró el Instituto de Previsión Social durante los últimos años. La Fiscalía imputó a los expresidentes Vicente Mario Bataglia y Jorge Magno Brítez, junto con otros siete antiguos funcionarios, por un presunto esquema de lesión de confianza que habría ocasionado un perjuicio patrimonial de G. 61.000 millones.
El paso fiscal no resuelve todavía la profunda crisis del IPS ni devuelve automáticamente los recursos que habrían sido dilapidados, pero constituye una señal significativa en una institución donde durante años las denuncias de corrupción, contrataciones fallidas y despilfarro parecían acumularse sin consecuencias penales para quienes tomaban las decisiones.
La causa se concentra en una frustrada contratación para el reacondicionamiento, suministro e instalación de quirófanos modulares en el Hospital Central. La obra fue adjudicada inicialmente por aproximadamente G. 53.000 millones, pero sucesivas modificaciones contractuales, desembolsos y actas de recepción permitieron que la empresa beneficiada continuara cobrando, pese a que los trabajos no podían iniciarse porque el lugar donde debían ejecutarse nunca fue liberado ni preparado adecuadamente.
La investigación sostiene que las autoridades conocían los problemas técnicos y administrativos, así como las observaciones formuladas por organismos de control. Sin embargo, en lugar de suspender el contrato, rescindirlo o proteger el patrimonio de la previsional, habrían aprobado nuevas adendas que modificaron plazos, condiciones y formas de pago en beneficio de la adjudicataria.
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