La Fiscalía General del Estado postergó ayer el inicio de una licitación por valor total de G. 3.901.238.319 para la reparación de sus automotores. Esto se debió a la detección de indicios de una alevosa sobrefacturación y la protesta de dos posibles oferentes.
Se trata de la convocatoria para la licitación 366.280, para el mantenimiento y reparación de vehículos del área metropolitana que utiliza el Ministerio Público, especialmente de las marcas Ford, Toyota, Hyundai e Isuzu. La institución está dirigida por la fiscala general del Estado, Sandra Raquel Quiñónez Astigarraga.
En principio ayer ya debían hacerse la entrega y la apertura de ofertas, pero a última hora estos pasos quedaron pospuestos hasta el 21 de octubre próximo.
Según fuentes de la Fiscalía, dos empresas que iban a presentarse como oferentes efectuaron una protesta y consiguieron trancar la licitación.
Otros talleres que pretendían presentarse para competir en el concurso se quejaron, por ejemplo, de las llamativas, repentinas y exageradas condiciones contenidas en el pliego de bases y condiciones.
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