El fiscal Silvio Corbeta pidió que se revoquen las medidas y que dos funcionarios municipales sean enviados a prisión, porque ambos recusaron al juez y pararon la audiencia preliminar en diferentes ocasiones. En la causa se habla de un esquema para desviar el dinero que debía usarse para reparar…
El fiscal Silvio Corbeta, de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción, pidió al juez Humberto Otazú que revoque las medidas alternativas que tienen dos procesados en la causa donde está imputado el diputado colorado Esteban Samaniego y acusada su esposa, la intendenta de Quyquyhó, Patricia Corvalán.
Se trata de Enrique Javier Lovera y Guido Ramón Vargas. Este último recusó ayer al juez, y logró suspender por tercera vez la audiencia preliminar. El magistrado debía decidir si el caso va o no a juicio.
Ambos, al igual que Corvalán están acusados junto a otras personas más de supuestamente formar un esquema para desviar G. 1.108 millones.
El dinero debía ser utilizado para la reparación de colegios, pero en su lugar se destinó para la construcción de la vivienda familiar para el matrimonio Samaniego-Corvalán.
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