Hasta el momento, la Fiscalía de Delitos Económicos no definió si admitirá la denuncia del exdirector paraguayo de Yacyretá Enrique Cáceres Rojas, contra el que fue su contraparte en la entidad binacional, Óscar Thomas. Llamativamente, el exdirector argentino, quien autorizó los pagos irregulares por los cuales están acusados Cáceres Rojas y otros, no fue incluido en el proceso.
La denuncia contra el exdirector argentino de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) Óscar Thomas, por supuestos hechos punibles contra el patrimonio, fue presentada ante el Ministerio Público el pasado 24 de octubre por Enrique Cáceres Rojas, quien ejerció la dirección del ente en representación de nuestro país entre diciembre de 2011 y agosto de 2013; sin embargo, hasta ayer el titular de la Unidad de Delitos Económicos, Federico Espinoza, no sabía si admitirían o no la denuncia y solo se limitó a darla a conocer a la fiscala Claudia Morys, quien tiene a su cargo la causa contra Cáceres...
La fiscala Morys y su colega María Victoria Acuña presentaron el 29 de octubre pasado una acusación por lesión de confianza contra los exdirectivos de la EBY y contra otras siete personas que, supuestamente, recibieron pago irregular de indemnizaciones.
En su acusación, las agentes del Ministerio Público sostienen que los pagos de las indemnizaciones fueron realizadas con fondos de la EBY a personas físicas o jurídicas que habían sido supuestamente afectadas por la pérdida definitiva de su actividad económica o productiva, a pesar de que esos conceptos se encuentran prohibidos por la legislación y las normas internas de la entidad.
Sin embargo, entre octubre de 2012 y enero de 2013 el Comité Ejecutivo de la EBY, integrado por el entonces director argentino Óscar Thomas y el paraguayo Enrique Cáceres Rojas, basado en dictámenes del asesor jurídico Agustín Saguier, autorizó tres pagos en concepto de rehabilitación social: el primero, a la firma OK SRL, por G. 3.600 millones; el segundo, por el mismo monto (G. 3.600 millones), a la afectada de nombre Carmen de la Cruz Benítez y el tercero a favor de Ana M. Cherañuk de Bottger, por G. 2.660 millones, totalizándose un perjuicio de G. 9.350 millones.
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