La labor del Ministerio Público se ha agotado en el ejercicio de la acción penal pública, conforme lo dispone el artículo 268 inciso 3 de la Constitución Nacional y el artículo 1 de la Ley 1562/00, orgánica del Ministerio Público, y la acción civil de reparación del daño, compete exclusivamente al perjudicado, quien puede ejercerla […]
La labor del Ministerio Público se ha agotado en el ejercicio de la acción penal pública, conforme lo dispone el artículo 268 inciso 3 de la Constitución Nacional y el artículo 1 de la Ley 1562/00, orgánica del Ministerio Público, y la acción civil de reparación del daño, compete exclusivamente al perjudicado, quien puede ejercerla por derecho propio o por medio de mandante, conforme lo establece el artículo 27 del Código Procesal Penal. Esto es lo que sostienen los fiscales Francisco Cabrera, Diego Arzamendia y Morella Fossati López, en la resolución por la cual rechazaron el pedido de...
Los fiscales emitieron la resolución Nº 3 de fecha 08 de febrero de 2024, que en su parte resolutiva señala: «1. DISPONER la improcedencia del ejercicio de la acción civil de reparación del daño en representación de los recurrentes Juan Eugenio Planas Gómez, Juan Manuel Rojas Viedma y Epifania Rojas Carísimo, por carecer el Ministerio Público de legitimación activa para el ejercicio de tal acción. 2. NOTIFICAR, lo resuelto a los recurrentes, a la Fiscalía Adjunta de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción y a la Fiscalía General del Estado, y 3. ARCHIVAR, los...
“En la misma, se concluyó que el Ministerio Público carece de legitimación activa para ejercer la acción civil de reparación del daño, en representación de las víctimas denunciantes, conforme lo disponen los artículos 27, 28 del Código Procesal Penal, en concordancia con los artículos 268 inc. 2) de la Constitución Nacional y el artículo I de la Ley 1562/00, orgánica del Ministerio Público”.
El argumento esgrimido por la representación fiscal apunta que “aunque el mismo hecho sea apto para comprometer la responsabilidad civil o penal del autor de la conducta punible, no es posible confundir las acciones que se confieren para hacer valer una y otra responsabilidad”.
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