A un mes del incendio del Congreso y la muerte del joven liberal Rodrigo Quintana tras el atraco a la sede del Partido Liberal Radical Auténtico, ocurridos el 31 de marzo y el 1 de abril pasado tras la aprobación por parte de los senadores oficialistas y aliados del proyecto de enmienda constitucional, actualmente archivado, el Ministerio Público imputó a 34 personas.
El primer procesado fue el suboficial segundo Gustavo Florentín por homicidio doloso, en calidad de autor por la muerte de Quintana.
Florentín ingresó hacia la medianoche del 31 de marzo a la sede partidaria ubicada entre las calles Yegros y Manuel Domínguez de la capital, y empezó a disparar a mansalva con otros camaradas. Lo hicieron sin una orden judicial emanada por la Fiscalía o por el Juzgado, según confirmó el fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón.
El suboficial se encuentra recluido en la Agrupación Especializada de la Policía por disposición del juez Alcides Corbeta. Se trata del único imputado por el homicidio de Rodrigo, pese a que el pelotón de policías antidisturbios estuvo acompañado por comisarios, según se pudo visualizar en el circuito cerrado del PLRA. Incluso a la fecha aún no se pudo determinar quién fue el que dio la orden para ingresar a la sede partidaria.
Posteriormente se imputó al comisario Tomás Paredes Palma, subjefe de Investigación de Delitos, por inducción a un subordinado a un hecho punible al permitir que un oficial antidisturbios, en ese caso Guido Amarilla, también imputado por tentativa de homicidio, ingrese al PLRA y efectúe disparos de balines de goma contra las personas que estaban dentro de un baño, entre ellos legisladores.
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