La fiscala Mirtha Ortiz imputó al gobernador Hugo Javier González y al asesor Miguel Robles por violar la cuarentena para un festejo y ordenó la detención de ambos. En el Juzgado de San Lorenzo se negaron a darle trámite a la orden y se labró acta. La agente pide prisión preventiva.
AREGUÁ (Gladys Villalba Jara, corresponsal). Tanto el gobernador de Central, Hugo Javier González, como su asesor Miguel Robles, ambos colorados cartistas, fueron convocados ayer por la agente fiscal Mirtha Ortiz para una declaración indagatoria.
Comparecieron con el abogado Fausto Portillo, pero se abstuvieron de declarar y pidieron suspender la audiencia para acceder a la copia de la carpeta fiscal. Solicitaron también una prórroga de cinco días, pero dicha integrante del Ministerio Público otorgó solo 24 horas, es decir, hoy debían volver a presentarse a la Fiscalía de Luque a las 10:00, pero esa comparecencia fue suspendida porque anoche la citada agente fue recusada por la defensa de González.
Fue en la tarde de ayer que la fiscala Ortiz imputó al gobernador y a Robles por violar la Ley 716/96 al participar en plena cuarentena sanitaria de un festejo, y además, emitió una orden de detención contra ambos para que la Policía Nacional procediera. Solicita al Juzgado Penal prisión preventiva para los dos.
La fiscala se encontró con un obstáculo ayer cuando fue a presentar el acta de imputación ante el Juzgado de San Lorenzo, donde se negaron a recibir el pedido alegando que los procesados debían estar primero aprehendidos, citando una acordada de la Corte que no contempla tal condición, según dijo la agente. Se labró acta de la no recepción para dejar constancia de la actuación de los funcionarios.
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