El fiscal Alexander Argüello Alderete de San Estanislao, imputó a Justo César Alfonzo Salinas por la presunta comisión de múltiples hechos punibles, entre ellos estafa, producción de documentos no auténticos, manipulación de graficaciones técnicas y producción indebida de certificados de salud. La imputación señala al acusado como autor de una serie de maniobras fraudulentas relacionadas […]
El fiscal Alexander Argüello Alderete de San Estanislao, imputó a Justo César Alfonzo Salinas por la presunta comisión de múltiples hechos punibles, entre ellos estafa, producción de documentos no auténticos, manipulación de graficaciones técnicas y producción indebida de certificados de salud. La imputación señala al acusado como autor de una serie de maniobras fraudulentas relacionadas con el ejercicio ilegal de la medicina.
De acuerdo con las investigaciones, Alfonzo Salinas habría ejercido la profesión médica sin contar con habilitación legal, utilizando el registro profesional de otro médico. El imputado montó un supuesto sanatorio privado dentro de su vivienda, ubicada a escasos metros del Hospital de San Estanislao, que operaba bajo el nombre de “Santa Isabel”.
La causa se inició a partir de una denuncia presentada el 20 de junio del 2025 por funcionarios del Ministerio de Salud Pública y de la Superintendencia de Salud ante la comisaría local, en la cual alertaban que el procesado ofrecía servicios médicos usando un número de registro profesional ajeno, incurriendo en una grave transgresión legal y ética.
Como parte del proceso investigativo, el 25 de junio se llevó a cabo un allanamiento en el inmueble de Alfonzo Salinas. La comitiva fiscal y policial procedió a la incautación de numerosos objetos vinculados al ejercicio de la medicina, tales como un sello profesional, uniforme, recetas médicas, estetoscopio y cajas de instrumental médico. Los elementos colectados refuerzan la sospecha de que el implicado habría ofrecido consultas, expedido recetas y emitido certificados de salud de forma clandestina, lo que representa un peligro para la salud pública y constituye una usurpación de funciones.
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