Los contratos de las polémicas obras del Pilcomayo establecían la obligación de declarar la rescisión ante el incumplimiento, que tenía como directa consecuencia la ejecución de las pólizas que habían sido otorgadas por Royal SA, de López Moreira. En lugar de eso, el MOPC optó por negociar con las contratistas, maniobra que la Fiscalía debería investigar, según sostiene un especialista.
Los contratos que en el año 2015 el Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones (MOPC) suscribió con dos consorcios para las obras de limpieza y canalización del Pilcomayo remiten a la Ley de Contrataciones Públicas y sus condiciones generales de contratación en lo que a rescisión y ejecución de pólizas se refiere. Ambos cuerpos normativos coinciden en que la entidad contratante, en este caso, el MOPC, tenía la obligación de declarar la rescisión de los contratos que acarreaba como directa consecuencia la ejecución de las pólizas (ver infografía).
Aunque el propio ministro Ramón Jiménez Gaona había instado un proceso penal contra las entonces autoridades de la Comisión Pilcomayo, con el argumento del desembolso por trabajos mal ejecutados o que directamente no se hicieron, sospechosamente Jiménez Gaona nunca rescindió estos contratos, haciéndole perder al Ministerio de Obras el derecho a cobrar las pólizas, que en total suman más de G. 10.000 millones, y que fueron otorgadas por la empresa Royal Seguros SA, perteneciente al jefe de Gabinete Civil de la Presidencia de la República, Juan Carlos López Moreira.
En opinión del abogado especialista en Derecho Penal y asesor de una de las bancadas del Senado, José Casañas Levi, quien suscribió los contratos en representación del MOPC, tenía la obligación de declarar su rescisión. Ambos contratos (con TOCSA-Vialsur, por un lado; y Margariño, por el otro) tienen la firma del titular del MOPC, Jiménez Gaona. También dijo que es muy importante determinar en qué consistió el acuerdo, y si este resultó menos ventajoso para la institución que el cobro de la póliza, a fin de calcular un eventual perjuicio patrimonial.
Finalmente, dijo que la fiscalización debió haber reportado a tiempo las irregularidades, para que la rescisión se produjera de inmediato y que estas circunstancias deben ser investigadas por la Fiscalía.
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