ASUNCIÓN.- El fiscal de la Unidad Especializada de Hechos Punibles Contra la Seguridad y la Convivencia de las Personas, Eugenio Ocampos, fue designado por el sistema de turno establecido por la institución, para llevar adelante la investigación referente a la marcha campesina que se desarrolla en e
ASUNCIÓN.- El fiscal de la Unidad Especializada de Hechos Punibles Contra la Seguridad y la Convivencia de las Personas, Eugenio Ocampos, fue designado por el sistema de turno establecido por la institución, para llevar adelante la investigación referente a la marcha campesina que se desarrolla en el microcentro de la capital del país. En ese sentido, remitió una nota al jefe de Orden y Seguridad Metropolitana, comisario principal Narciso Miguel Aquino Giménez para que haga cumplir las leyes.
En dicho documento, el representante del Ministerio Público hizo referencia a lo establecido en nuestra Carta Magna, en su Art. 32, que habla del derecho de la libertad de reunión y de manifestación que tienen todos los habitantes de la República del Paraguay. Asimismo, lo preceptuado en los Art. 5, 6, 7, 8 y concordantes de la Ley 1066/97, Ley del Marchódromo, y lo establecido en el Art. 6 de la Ley 222/93 Orgánica de la Policía Nacional, que establece las funciones, obligaciones y atribuciones de la Policía Nacional.
“La Constitución Nacional habilita plenamente a la Policía Nacional, en concordancia con las leyes reglamentarias, a cumplir y a hacer cumplir las leyes, que son de orden público y en especial en lo que respecta a las manifestaciones, quedando facultadas a velar y precautelar derechos de personas que se manifiestan o personas ajenas a la manifestación, debiendo actuar y aprehender a personas que se manifiesten al margen de la ley”, refirió en su nota el fiscal Ocampos.
La Carta Magna establece en su artículo Art. 32, de la libertad de reunión y de manifestación, “que las personas tienen derecho a reunirse y a manifestarse pacíficamente, sin armas y con fines lícitos, sin necesidad de permiso, así como el derecho a no ser obligadas a participar de tales actos. Y además dice que la ley sólo podrá reglamentar su ejercicio en lugares de tránsito público, en horarios determinados, preservando derechos de terceros y el orden público establecido en la ley.
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