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Fiscalía busca invalidar 144 títulos falsos y avanzar con la cancelación de matrículas docentes

Fiscalía busca invalidar 144 títulos falsos y avanzar con la cancelación de matrículas docentes

El Ministerio Público dio un paso clave en la investigación sobre los títulos apócrifos registrados en el sistema educativo. La intención es que los documentos pierdan toda validez jurídica antes de fin de año, permitiendo la cancelación de matrículas y la eventual separación de docentes involucrados.

La investigación sobre los títulos falsos que sacude al sistema educativo paraguayo ingresó en una nueva etapa. La Fiscalía solicitó al Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) y al Consejo Nacional de Educación Superior (Cones) impulsar las acciones necesarias para que 144 títulos considerados apócrifos pierdan eficacia jurídica, un paso previo indispensable para avanzar con la cancelación de las matrículas docentes obtenidas mediante esos documentos.

La fiscala Teresa Sosa explicó que el procedimiento requiere la participación de las universidades involucradas, que deberán solicitar ante la Justicia la pérdida de validez legal de los diplomas. Según la investigación, ya existe certeza sobre la falsedad de estos títulos porque las propias instituciones académicas informaron oficialmente que nunca los emitieron. Una vez que la Justicia se pronuncie, los documentos deberán ser retirados de todos los registros públicos.

La medida forma parte de una causa mucho más amplia. Hasta el momento, la Fiscalía investiga más de 500 títulos presuntamente falsificados y sostiene que podría existir una estructura que operó durante años facilitando la inscripción irregular de documentos académicos en el MEC. Las pesquisas también apuntan a determinar qué funcionarios permitieron el registro de estos títulos dentro del sistema oficial.

El objetivo de acelerar los trámites durante agosto es que los procesos administrativos y judiciales concluyan antes del cierre del año lectivo. De esa manera, aquellos docentes que actualmente ejercen en instituciones públicas podrían enfrentar la cancelación de sus matrículas profesionales y los correspondientes sumarios administrativos por mal desempeño.

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El Nacional
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